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La Resolución CNE/CP n.º 1 entró en vigor en Brasil el 12 de noviembre de 2026, el día en que se publicó en el Diario Oficial de la Unión. Las directrices abarcan la educación pública y privada y reservan un papel distinto a la inteligencia artificial en cada etapa. Los sistemas educativos y las instituciones tienen 12 meses para ajustar sus políticas, prácticas, mecanismos de gobernanza y contratos vigentes. Las prohibiciones del artículo 41 se aplican desde la publicación. Resolución y anexos
Qué aprobó Brasil y desde cuándo se aplica
En Brasil, el Consejo Nacional de Educación, conocido como CNE, formula directrices nacionales. Su dictamen expone el análisis del consejo y recoge la propuesta que aprobó el órgano colegiado. El Ministerio de Educación, o MEC, homologó el Dictamen CNE/CP n.º 15/2026 el 10 de noviembre. La resolución establece las directrices que deben aplicar los sistemas de enseñanza y las instituciones.
El plazo de adaptación empezó el 12 de noviembre, cuando se publicó la resolución y entró en vigor. Los centros pueden revisar sus contratos durante ese periodo. Las prohibiciones del artículo 41 se aplican desde el día de la publicación. Artículos 46 y 47
Qué pueden hacer los estudiantes en cada etapa
En la educación infantil, el artículo 21 prohíbe que los niños utilicen sistemas de IA, incluso en actividades mediadas por profesionales. El personal educativo sí puede usarlos para planificar y gestionar actividades pedagógicas. También se contemplan recursos de accesibilidad destinados a eliminar barreras, siempre que su uso no implique inferencias sensibles, elaboración de perfiles individuales ni consecuencias en decisiones sobre el estudiante.
La enseñanza fundamental brasileña tiene nueve cursos. Del 1.º al 5.º, el artículo 22 permite incorporar recursos de IA en actividades planificadas, dirigidas y mediadas por profesionales. Un docente puede revisar un material generado y presentarlo a su clase. Los estudiantes tienen prohibido interactuar con sistemas generativos o conversacionales incluso bajo supervisión. El artículo contempla por separado las tecnologías de apoyo y los recursos de accesibilidad, sujetos a las condiciones de la resolución. Si el uso institucional implica a estudiantes de esos cursos, el centro debe explicar su finalidad a las familias y proteger los datos personales.
Del 6.º al 9.º, el artículo 23 permite herramientas generativas en actividades pedagógicas con mediación profesional. El alumnado no puede utilizarlas de forma directa, autónoma, individual o sin supervisión. En la enseñanza media, la etapa que sigue a la fundamental, se aplican las reglas generales de la educación básica. Cuando se admite el uso por estudiantes, la incorporación debe ser progresiva, mediada y adecuada a su desarrollo, al currículo y a las condiciones del centro. En toda la educación básica están prohibidos la publicidad dirigida, los perfiles comerciales y la explotación comercial de datos estudiantiles mediante IA.
Las universidades deben definir sus reglas
El artículo 25 permite estudiar la IA como materia y utilizarla como apoyo para la enseñanza, la investigación y la vinculación con la comunidad. El artículo 27 exige que cada institución de educación superior establezca políticas sobre autoría, integridad académica, transparencia, responsabilidad intelectual y protección de derechos. En un curso, por ejemplo, el profesorado puede pedir que se comparen varias respuestas generadas. En otro ejercicio puede exigir una producción individual para evaluar la escritura del estudiante.
En la investigación científica, el artículo 28 exige declarar las contribuciones relevantes de la IA, como su uso para redactar, analizar datos o programar. La responsabilidad por el trabajo sigue recayendo en quienes lo presentan. Los programas de formación docente deben incluir alfabetización digital, uso pedagógico de tecnología, análisis crítico de datos educativos y ética. La resolución pide vincular esos conocimientos con las prácticas supervisadas siempre que sea posible.
El uso concreto determina el nivel de riesgo
Los artículos 37 a 41 y el Anexo II distinguen cuatro niveles. Preparar materiales que revisará un docente puede ser una aplicación de bajo riesgo si se hace sin datos sensibles y sin efectos relevantes sobre los derechos del alumnado. Una herramienta de seguimiento formativo que interactúa con estudiantes o genera recomendaciones de manera habitual puede ser de riesgo moderado si sus resultados carecen de efectos automáticos sobre las notas, la promoción u otras decisiones sensibles.
Las aplicaciones de alto riesgo pueden afectar decisiones importantes sobre los estudiantes. Un sistema que recomienda a quién ofrecer apoyo adicional puede entrar en esta categoría si orienta la distribución de plazas o recursos. Su uso exige salvaguardas más estrictas, que incluyen supervisión humana efectiva, decisiones documentadas y posibilidad de revisión. En el cuarto nivel están las aplicaciones de riesgo excesivo o incompatibles con la educación, cuyo uso está prohibido. Un sistema que asigna puntuaciones sociales es un ejemplo. Si cambian los datos que procesa una herramienta o la forma en que el centro utiliza sus resultados, también puede cambiar su clasificación.
Las calificaciones, las sanciones y los datos tienen límites
El artículo 41 prohíbe decisiones exclusivamente automatizadas con efectos relevantes en la trayectoria del estudiante, incluidas la selección, la retención y las sanciones. También prohíbe asignar calificaciones o méritos a redacciones y otros trabajos que requieren juicio interpretativo mediante IA exclusivamente o sin la corrección humana que exige el artículo 40. El profesorado puede utilizar herramientas para preparar ejercicios y conservar la responsabilidad de corregirlos. Un detector automatizado de contenido generado por IA no puede ser la única base de una sanción.
La norma prohíbe, entre otras prácticas, la vigilancia biométrica continua, la inferencia de emociones y la elaboración de perfiles psicológicos, biométricos o conductuales con fines disciplinarios o comerciales. Permite valorar por separado una comprobación puntual de identidad cuando sea estrictamente necesaria. Las excepciones a la prohibición de inferir emociones se limitan a la accesibilidad con consentimiento y a la investigación científica aprobada por un comité de ética, sin consecuencias para la evaluación, la disciplina o la selección. El mismo artículo prohíbe utilizar datos educativos de niños y adolescentes para entrenar modelos de terceros.
Qué información pueden pedir las familias
Un centro puede revisar qué herramientas tiene contratadas, qué información recoge cada una y quién utiliza sus resultados. Una plataforma comprada para ayudar al profesorado puede incluir una función de seguimiento que requiera una evaluación distinta. El artículo 42 obliga a revisar periódicamente la clasificación del riesgo y las medidas de protección.
El alumnado también puede aprender sobre la IA y sus límites sin utilizar directamente un sistema. Por ejemplo, un profesor puede llevar a clase materiales que ya seleccionó y pedir a los estudiantes que comprueben sus afirmaciones con fuentes fiables. Ante una actividad con IA, las familias pueden preguntar qué se pretende enseñar, quién maneja la herramienta, qué datos se comparten y quién responde por las decisiones que afectan al estudiante.
El reportaje sobre las contrataciones de Nubank examina cómo la automatización podría cambiar el aprendizaje de quienes empiezan a trabajar.
